La jueza del caso Mercasevilla ha incoado un sumario en la rama relativa a lo que ha llamado "venta fraudulenta" de los terrenos, en la que está imputado el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y lo ha remitido a la Audiencia provincial, competente para enjuiciarlo.
La magistrada Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que de lo investigado desde 2009 aparecen presuntos delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y prevaricación urbanística, penadas en el caso de la prevaricación con siete a diez años de inhabilitación.
Al ser, por tanto, un rango de condenas que corresponde enjuiciar a la Audiencia provincial, Alaya notifica su auto al presidente de la Audiencia para que lo reparta entre las salas penales.
Precisa el auto que en este caso se ha investigado "la presunta preparación de un concurso público" para la adjudicación de la venta de los terrenos de Mercasevilla "con la dirigida finalidad de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma", filial de la constructora Sando.
Esta es la primera de las macrocausas que instruye la juez que llega a su final y en ella hay 18 imputados, entre ellos el ex primer teniente de alcalde Rodrigo Torrijos, ahora portavoz del grupo municipal de IU, el exgerente de Urbanismo Manuel Marchena, el exconcejal socialista Gonzalo Crespo y los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.
La juez investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" en el año 2006 del concurso de venta de los terrenos a Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.
Sanma resultó adjudicataria del concurso porque poseía unos derechos previos de superficie y ahora el auto de incoación de sumario dice que esa inmobiliaria "se había subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla, ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir las naves inicialmente".
La transformación en sumario se ha producido pese a que la juez aún debe tomar declaración a un último arquitecto técnico imputado y además tiene por resolver dos recursos presentados por Mellet y por una funcionaria de Urbanismo.
La juez archivó en octubre la imputación de seis empresarios que pujaron por los terrenos: Juan Nicolás y Eduardo Báñez, hermanos de la ministra Fátima Báñez, como responsables de la empresa Juan de Robles; Ignacio Bayón de Realia; Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Azucarera Larios; y Martín Sánchez-Ramade y su hijo, de EDAMAR.
