El alcalde de Tomares y número dos del PP (A), José Luis Sanz, pagó diferentes gratificaciones a varios funcionarios del Ayuntamiento tomareño al menos desde septiembre de 2010 y hasta octubre de 2013, según la documentación a la que ha tenido acceso Viva y que el PA ya denunció a la Fiscalía de Sevilla junto a la contratación y pago presuntamente irregular al ahora concejal de Medio Ambiente, Juan Campos. Entre los funcionarios gratificados se encuentran el interventor y el secretario municipales, ambos llamados a declarar como testigos de parte de los tres ediles del Gobierno municipal imputados en la causa.
La documentación aportada por el PA recoge diferentes decretos de la Alcaldía firmados por el propio Sanz para autorizar los pagos como gratificaciones a Jesús Antonio de la Rosa, secretario municipal; Antonio Martín Matas, interventor; Alfonso Barrios, actual vicesecretario interventor, y a la tesorera, María José Dachary, aunque aparecen varios funcionarios más.
La cuantía por la que se gratifica a estos cuatro funcionarios es siempre la misma y alcanza los 570 euros; en todas las resoluciones de la Alcaldía se incluye la anotación de que se incorpore a la nómina del mes en curso. Además, en todas las resoluciones a las que ha tenido acceso Viva es el propio secretario-interventor el que certifica las gratificaciones.
Según el Real Decreto 861/86, revisado en marzo del 96, las “gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo”. La documentación aportada por el PA a la Fiscalía recoge pagos desde 2010 hasta 2013 en varias mensualidades y siempre por la misma cantidad, por lo que a juicio de los andalucistas podría incurrirse en una ilegalidad.
Extremadamente grave
Según el portavoz del PA en el Ayuntamiento de Tomares, es “extremadamente grave” que el alcalde de Tomares “haya estado abonando gratificaciones a los responsables de la legalidad del Ayuntamiento en contra de lo que dice la Ley”, ya que “es grave no sólo por el hecho de incumplir la Ley por pagar sistemáticamente una cantidad fija sin justificar, si no por quiénes son los perceptores de estas abultadas cantidades: los funcionarios habilitados por el Estado para vigilar la legalidad de cuanto se hace en el Ayuntamiento de Tomares”.
Mercado ha manifestado que “es ilegal y éticamente reprobable esta acción” del alcalde de Tomares, “del que ahora entendemos que se sintiera tan relajado y confiado en lo que declarasen estos funcionarios como testigos en los Juzgados el pasado lunes, porque cree Sanz que puede comprar la voluntad, dignidad y honestidad de los mismos con ingresos de dinero público en sus nóminas”.
Frente a esto, Mercado ha querido mostrar su confianza en que “las declaraciones de estos funcionarios se ajusten a la legalidad y a manifestar ante los Juzgados cuanto conocen, puesto que ha pensado Sanz que con unas gratificaciones puede cambiar el rumbo de las investigaciones judiciales”.
La existencia de gratificaciones irregulares ya fue puesta por el PA en conocimiento de la Fiscalía el año pasado y se encuentran actualmente pendientes de estudio por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, toda vez que la denuncia fue admitida a trámite, dentro de la ya conocida por contrataciones presuntamente irregulares de personal municipal en el Ayuntamiento de Tomares por parte del Gobierno de José Luis Sanz.
Mercado también ha alertado “de la burda estrategia del PP queriendo confundir a la opinión pública y a los medios de comunicación con que lo que se debate aquí es la legalidad de un contrato municipal, cuando lo que realmente nos encontramos es con qué se pagaron facturas de un militante del PP por trabajos que jamás se realizaron, es decir, un claro supuesto de facturas falsas en el Ayuntamiento de Tomares”.
Tanto el interventor como el secretario municipales de Tomares declararon ayer ante la jueza que investiga la contratación del actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, para elaborar informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, informes que en algunos casos contaban con apenas tres líneas y cuyos pagos fueron justificados después por el Ayuntamiento.
En la causa ya han declarado como imputados el propio Campos, el concejal de Presidencia y número dos del PP provincial, Eloy Carmona, y la actual edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes.
