Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Sevilla obliga al Ayuntamiento de Sevilla a devolver a Prodetea (antigua Detea) un total de 57.247 euros correspondientes a una serie de cuotas de mantenimiento y conservación de los tres edificios que hasta junio de 2012 albergaban las instalaciones centrales de la Policía Local en La Cartuja y que popularmente eran conocidos como Charlie (I, II y III).
El Consistorio, que en enero de 2008 había cedido a la empresa constructora Detea la titularidad los tres edificios situados en la avenida Américo Vespucio de La Cartuja, aunque podía seguir utilizandolos hasta enero de 2010, entregó a la constructora dichos inmuebles con dos años de retraso (el 15 de junio de 2012 debido a problemas con las obras de la nueva comisaría de la Ranilla donde ahora se ubica la jefatura de la Policía) por lo que acordaron abonar a Detea una indemnización de 805.966 euros por la “ocupación indebida” de las parcelas durante los meses de retraso.
Un mes más tarde el Ayuntamiento hispalense decidió restar a esa indemnización pagada a Detea unos 51.665 euros más los intereses legales correspondientes (hasta llegar a los 57.247 euros) porque entendían que el Ayuntamiento “había abonado de forma indebida esta cantidad en concepto de cuotas de conservación de dichos edificios” correspondientes al periodo comprendido entre febrero de 2008 y diciembre de 2009 (ya había traspasado la titularidad a Detea pero seguía ocupando y utilizando los edificios), algo que fue recurrido por Detea, alegando que el Ayuntamiento era “el propietario” de esas parcelas e inmuebles “hasta la entrega de los mismos”. Ahora el juzgado ha dictado sentencia y ha obligado al Ayuntamiento a devolver a Detea dicha cantidad.
Además, hay que recordar que una vez que Detea (constructora que a su vez edificó la nueva comisaría de La Ranilla) recepcionó los tres edificios de la Cartuja por los que había pagado al Ayuntamiento 25 millones de euros (el último con dos años de retraso), estos inmuebles se encontraban en “estado de ruina”, según señaló la constructora, debido a que durante los días en los que se produjo la recepción estuvieron sin vigilancia. Tras solicitar un informe técnico del estado del último de los tres edificios entregados, Detea procedió a levantar un acta notarial y a presentar una denuncia.
