El periodista Manuel Benítez Salvatierra (César del Arco), delegado del diario “Pueblo” en Sevilla, fue encarcelado y sancionado por el gobernador civil Hermenegildo Altozano Moraleda, por denunciar lo ocurrido con las demoras de las obras de defensa del arroyo Tamarguillo, principal causa de la catástrofe de noviembre de 1961. Pero el abogado Eugenio Garrido Valero ganó la partida al gobernador civil en el Tribunal Supremo.
La sanción y encarcelamiento del periodista Manuel Benítez Salvatierra fue considerado un lamentable error del gobernador civil, en momentos críticos de la ciudad, al parecer motivado por razones ocultas y quizás relacionadas con la campaña realizada por el citado periodista en favor del capitular Eugenio Garrido Valero, que se opuso en el Ayuntamiento a la concesión gratuita de unos terrenos para establecer un colegio-residencia del Opus Dei en el paseo de la Palmera.
César del Arco, falangista vieja guardia, publicó el día 27 de noviembre de 1961, un artículo titulado “¡Ya está bien!”, donde con su particular estilo combativo y directo, subrayaba que el arroyo Tamarguillo, causante de la tragedia, era un problema antiguo, como todo lo relacionado con la defensa de la ciudad. El periodista señalaba fechas de acuerdos no cumplidos en tiempo y forma y llamaba la atención sobre el rechazo del pueblo al gobernador civil, Hermenegildo Altozano Moraleda, cuando éste visitó la zona inundada de la barriada de La Corza. Un hecho inusual en tiempos de censura de Prensa.
La respuesta del gobernador civil fue fulminante. El día 28 de noviembre, el Gobierno Civil hizo pública una nota firmada por el propio Hermenegildo Altozano Moraleda, redactada en los siguientes términos:
“En uso de las atribuciones que me están conferidas, he impuesto al periodista don Manuel Benítez Salvatierra la multa de veinticinco mil pesetas y subsiguiente detención, por haber publicado en el diario “Pueblo”, bajo el seudónimo de “César del Arco”, un artículo titulado “¡Ya está bien!”, en el que se hacen afirmaciones insidiosas e inexactas; artículo que, por otra parte, no había sido autorizado por el organismo competente. Hago pública esta nota para la debida ejemplaridad, ya que este Gobierno Civil será siempre inflexible con todo infractor, sea cual sea su condición, máxime en las circunstancias penosas que Sevilla atraviesa”.
Los amigos del silencio, del “aquí no pasa nada”, consideraron que Manuel Benítez Salvatierra se había extralimitado y apoyaron al gobernador civil. El periodista estuvo cincuenta y ocho horas en la cárcel provincial de Ranilla y abonó la multa impuesta, pero este asunto tendría años después un desenlace inesperado en los tribunales.
El 27 de marzo de 1963 se conoció en Sevilla, por El Correo de Andalucía, que el Tribunal Supremo había dictado sentencia a favor del periodista César del Arco en el contencioso mantenido con el Gobierno Civil de Sevilla, desde noviembre de 1961. El veredicto del alto tribunal suponía desautorizar al entonces gobernador civil, Hermenegildo Altozano Moraleda, que encarceló al periodista y le sancionó con veinticinco mil pesetas. El fallo judicial declaró anulada y sin efecto la Orden del Ministerio de la Gobernación de fecha 23 de diciembre de 1961, por la que se declaraba confirmada en alzada la decisión gubernativa contra César del Arco.
En su día, la decisión del gobernador civil causó sorpresa en toda España, pues no existían precedentes de este tipo y se cuestionaba que tuviese competencia sobre los delitos de Prensa, como luego confirmó la sentencia número 7.852 de la Sala 4ª del Tribunal Supremo.
