La investigación judicial en la Audiencia Nacional, iniciada tras la querella de compradores de bonos de Abengoa, sobre la indemnización de 11,4 millones de euros recibida por Felipe Benjumea tras dejar su cargo de presidente el pasado 24 de septiembre sube enteros. Tras la declaración la semana pasada del sucesor inmediato de Benjumea en la presidencia, José Domínguez Abascal, en la que señaló a Banco Santander como el ente que más presionó para la salida de Benjumea, el fiscal de la Audiencia ha solicitado y la jueza Carmen Lamela ha aceptado con inusual rapidez en ambos casos citar a declarar como testigo a Rodrigo Echenique, director de Santander en España desde hace ahora justo un año.
Junto a Echenique, acudirá como testigo el primer ejecutivo de HSBC en España, Pablo López-Henares. HSBC es, de entre los bancos extranjeros con presencia en España, el que más financió a Abengoa históricamente: tiene 600 millones atrapados en el preconcurso de la firma. Santander, por su parte, es el primer banco acreedor español: 1.550 millones, y el segundo mayor acreedor financiero sólo por detrás del banco público FFB de EEUU (2.220 millones).
Además de Abascal, el actual presidente Antonio Fornieles (que sucedió al primero desde el pasado 1 de marzo) y también el exconsejero y expresidente de la comisión de Nombramientos, el exministro socialista José Borrell, también apuntaron a Santander como impulsor clave de la salida de Benjumea.
La jueza Lamela, la fiscalía y los abogados de los querellantes (el despacho Ius+Aequitas) quieren que Echenique explique la gestión que realizó desde la entidad que dirige en España en relación a la salida de Benjumea.
Santander era, en principio y junto a HSBC y otras dos entidades, la aseguradora de la ampliación de capital de 650 millones que Abengoa lanzó en agosto de 2015 y que no prosperó. En medio de las gestiones para sacar adelante esa ampliación se produjo la salida de Benjumea.
Motivos
Pero además será clave conocer los motivos que explicaban esas presiones de Santander para echar a Benjumea a las que han aludido ante la juez Borrell, Abascal y Fornieles. Fuentes jurídicas señalan que si el motivo es que la actuación del expresidente fue negligente, no tendría derecho a 7 de los 11 millones de la indemnización ya que una actuación negligente es uno de los motivos que recoge el contrato de Benjumea para no tener derecho a percibir esa indemnización.
La declaración de Domínguez Abascal hace una semana fue ya muy relevante a este respecto ya que desveló que fue el propio Benjumea quien entregó una carta de cese como presidente y consejero, aunque luego quedó vinculado como asesor externo del consejo que venía presidiendo. En este sentido, el cese voluntario en sus cargos es otro de los motivos que el contrato recoge como incompatible para cobrar esos 7 millones.
Su salida de ambos cargos levantó las sospechas de los abogados de los bonistas querellantes, ya que el consejo sólo puede despedirle como presidente, no como consejero (algo que sólo puede hacer la junta de accionistas). Es decir, que abandonar ambos cargos sólo se pudo hacer voluntariamente, no forzosamente (lo que sí le daría derecho a cobrar esa indemnización según el contrato).
Para profundizar en lo que realmente ocurrió en septiembre, la magistrada pide también a Abengoa las actas de los consejos de administración celebrados el 14 y el 23 de septiembre, antes de la salida de Benjumea.
Querella
La jueza admitió hace meses la querella presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa que invirtieron 103.970 euros y que denunció la "horrible" gestión de Benjumea y Sánchez Ortega, quienes, en su opinión, buscaban su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".
Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".
Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de perjudicados hasta alcanzar un número cercano a 105. Denunciaron que Benjumea se llevó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores. Sánchez, que se desvinculó en mayo de 2015, cobró una compensación de 4,48 millones.
Las denuncias se canalizan a través de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que tiene habilitada la web 'www.perjudicadosabengoa.es'. Los abogados de esta organización precursora de la querella contra Benjumea son Felipe Izquierdo (Izquierdo Asociados) y Eliseo M. Martínez (Ius+Aequitas Abogados).
