Publicidad Ai
Publicidad Ai

La tribuna de Viva Sevilla

Cotorras, pero ¿cuál es realmente el problema?

Se pide “prudencia”, pero la mal entendida “prudencia” como falta de decisión es la que nos ha llevado hasta aquí

Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai

Se ha paralizado el programa de control de cotorras de kramer en Sevilla y oficialmente se debe a la presunta ilegalidad de la medida propuesta, pero la anulación del proyecto sin un dictamen público de los servicios jurídicos hace pensar en que el problema real sea la “sensibilidad” de una porción de la población respecto del control. Conviene tener claro cuál es el problema antes de apresurarse a proponer soluciones, ya que corremos el riesgo de estar dando palos de ciego.

La presunta ilegalidad debería quedar resuelta por los servicios jurídicos, del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía, que debe autorizar cualquier intervención, aunque sorprende que pueda ser ilegal una medida aplicada públicamente en Zaragoza.


Las especies invasoras son consideradas el segundo mayor riesgo para la biodiversidad mundial y cuestan más de 12.000 millones de euros al año en la UE. El impacto de estas cotorras fue constatado por el CSIC sobre el murciélago protegido Nóctulo gigante y sobre los cernícalos. También se analizaron alternativas y la mejor fue el uso de carabinas de aire comprimido.

Aunque este informe es público y fue realizado por investigadores expertos en la materia, un grupo de asociaciones y algún partido político están proponiendo alternativas, muchas de las cuales han sido descartadas en dicho informe, como la retirada de huevos, la actuación sobre nidos o la reclusión en un aviario. La donación a particulares no está recomendada ya que son la principal vía de liberación de nuevos individuos. Otras como la de capturar-esterilizar-liberar es ilegal por ir contra el artículo 7.3 de un Decreto que prohíbe la liberación de ejemplares capturados.

También se ha propuesto “mantener unos niveles adecuados” de cotorras, para “no tener que eliminarlas todas”, pero las especies invasoras crecen cada vez más rápido, por lo que habría que eliminar muchísimas cada año, para intentar mantener niveles bajos, por lo que en pocos años estaríamos eliminando más cotorras de lo que se pretende en la actualidad. Además los impactos seguirían existiendo, se podrían seguir expandiendo y en cuanto se dejara de aplicar el control volvería  a aumentar su población.


Se ha puesto de manifiesto que existen “diferentes sensibilidades” que rechazan la presencia de cotorras moribundas en la calle. Esta escena no ha sido descrita en Zaragoza. Lo que sí se conoce son las imágenes de los murciélagos muertos a picotazos, aunque parecen no herir tanto una  sensibilidad que se demuestra muy selectiva. También se cuestionan los impactos, pero la legislación no exige que se justifiquen impactos para actuar, ya que cuando se detectan suele ser demasiado tarde. Se han clasificado las especies invasoras más dañinas del planeta para prevenir los daños aquí.


Llama la atención que se pida “prudencia” cuando es la mal entendida “prudencia” como falta de decisión la que nos ha llevado hasta aquí, ya que en 25 años desde que apareció la cotorra y 4 desde que apareció el citado Decreto no se han tomado medidas. De haberse tomado antes, otras opciones serían posibles.


Se pone de ejemplo la gestión ética de otras ciudades como Madrid, Las Palmas o Málaga, cuando todos los planes de control de la especie, en cumplimiento de la ley, tienen que sacrificar los  individuos. Málaga no tienen un plan de control y las cotorras ya se han expandido por 100 Km de costa.


Algunas cuestiones clave para entender el estancamiento de la situación:
¿Por qué el Ayuntamiento desarrolla un plan de gestión de especies invasoras si la ley establece que los realicen el Ministerio y las Autonomías? ¿Por qué parece que es el Área de Bienestar Social quien dirige un plan de gestión medioambiental extremadamente complejo en lugar de Hábitat urbano, Cultura y Turismo? ¿Por qué se busca el consenso ciudadano para desarrollar una gestión que es compleja? ¿Acaso permitiríamos que se gestionase por consenso ciudadano la reintroducción del lince ibérico?


En conclusión, existe el deber legal y moral de proteger nuestras especies amenazadas; las únicas soluciones eficaces y legales conllevan el sacrificio de cotorras y tenemos un problema grave que crece cada día que pasa.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN