La pandemia ha debilitado, cuando no ha cortado, los
lazos de confianza entre los representantes públicos y los representados. El
exceso de mortalidad no reconocido por el Gobierno de Pedro Sánchez vinculado al Covid, así como el cambio de criterio en hasta tres ocasiones para contabilizar el número de víctimas por el coronovirus, son inmorales.
Los clamorosos
errores de Fernando Simón en sus previsiones, desde antes de que se desatara el caos hasta hace poco, cuando negaba el impacto de la nueva cepa británica, son escandalosos, en tanto que no le ha pasado factura, sigue al frente de sus responsabilidades y ni tan siquiera ha pedido perdón o ha asumido los fallos que pagamos todos. Los
mensajes contradictorios por parte de las diferentes administraciones, la
falta de justificación de las medidas adoptadas, ora restrictivas, ora laxas, sin que se expliquen convenientemente y modificadas del mismo modo, agotan.
Sin exonerar de la cuota de responsabilidad individual al ciudadano, la
falta de transparencia, el
electoralismo de determinadas decisiones, la sensación de caos, la coexistencia de hasta 17 modelos diferentes para afrontar la crisis sanitaria, la
arbitrariedad en las prohibiciones (¿por qué seis comensales permitidos y no siete?), y el silencio de los máximos responsables de los gobiernos son demoledores. Los expertos en psicología apuntan a todos estos elementos como claves en la relajación de los hábitos de prevención que nos están llevando a sumar records de contagios y fallecimientos en las últimas semanas.
En el ámbito municipal,
la lealtad institucional ha sido la tónica general a partir de la desescalada. Antes, algunos alcaldes adoptaron medidas como el corte de accesos a sus localidades o la instalación de arcos de desinfección (que ahora se sabe que no sirvieron para absolutamente nada), sin contar con el visto bueno del Gobierno central. Pero
desde que la Junta tomó el mando único, los ayuntamientos se han mostrado colaboradores en líneas generales.
Sin embargo, la tercera ola ha desbordado a las administraciones y
la tensión se incrementa. Esta semana, la presidenta de la Diputación y los alcaldes de Jerez y Chiclana, Mamen Sánchez y José María Román, denunciaron la
falta de información por parte del Gobierno autonómico y pusieron en entredicho los datos facilitados diariamente.
“Cómo es posible que Algeciras sume de golpe más de mil casos en solo 24 horas”, se preguntaba el viernes Irene García.
La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre,
se equivocará si no comparece con urgencia para aclarar estos extremos. Y se equivoca igualmente si considerara que la denuncia es cosa del pimpapum político. Porque
el desconcierto es absoluto. Real. Las preguntas sin respuesta circulan por las redes sociales y saltan de móvil a móvil por Whatsapp. Si no se resuelven las dudas con con mensajes claros, concisos, directos, lineales, la sensación que cunde tras las advertencias de alcaldes es que algo ocultan o tienen aviesas intenciones.
El miedo se derrota con palabras, la verdad se defiende hechos.
