Tanto va el cántaro a la fuente que al final acaba quebrándose. Y es que en esto de privatizar servicios públicos algunos partidos políticos han visto un filón y no paran. Los politicos gobernantes de uno u otro signo cayeron en la cuenta desde el inicio de esta “laaarguiiiisiiiimaaaa” transición indefinida, que era muy ventajoso privatizar lo público. Siguiendo la estela de la dictadura franquista, los servicios públicos en manos de la Iglesia católica o de empresas afines al régimen, quedaron consagrados. En materia educativa, el artículo 27 de la Constitución, contiene el pacto sellado entre las derechas e izquierdas, en aras de dejar los asuntos como estaban. El carácter subsidiario de los centros educativos privados desapareció y en reiteradas leyes educativas, nada menos que seis, se ha confirmado lamentablemente la subsidiaridad de la pública. De esta forma la red de centros educativos de titularidad pública ha ido menguando a fuerza de incrementarse la red privada concertada.
El reciente decreto de escolarización del PP y su adlátere CS, da un nuevo giro de tuerca para la desaparición de la escuela pública. Invoca “la libertad de elección de centros” sin ser un derecho constitucional, lo mismo que tampoco es constitucional la libre elección de clínica, hospital, universidad… Cada persona podrá hacer, con su dinero, como viene sucediendo en la no concertada, las elecciones que pueda y desee. Aunque sería deseable no mercantilizar derechos esenciales de la ciudadanía como es el de la educación o la salud. Lo que ya no es de recibo es que con dineros públicos se les garantice, a determinadas familias “pudientes”, escolarizar en centros privados concertados. Porque ese pretendido derecho cercena el derecho de otras familias que, sólo por vivir más cerca de ese centro, tendrían mayor derecho a escolarizar ahí a sus hijas e hijos. Y tanto han querido estirar el asunto que ahora las comunidades educativas se revuelven contra este insolidario decreto exigiendo su anulación, y más aún el cese de los convenios y la integración de los centros privados concertados, que así lo deseen, en una única red de centros de titularidad pública totalmente gratuita.
Se pretende justificar, este derecho a elección, en las ideologías de las familias. De hecho estas ideologías están amparadas en decretos que establecen las enseñanzas, de acuerdo a los principios constitucionales, garantizando incluso la formación religiosa elegida por las familias, mediante la antidemocrática fórmula de utilizar dineros públicos para contratar a adoctrinadores. Evidentemente las confesiones religiosas pueden, con total libertad, desarrollar su cultos y catequesis siempre que utilicen sus propios medios y recursos, y dentro del respeto a los principios constitucionales. Precisamente, en fechas cercanas al señalado 8M, colectivos de mujeres católicas, exigen que la Iglesia Católica asuma la igualdad entre hombres y mujeres dentro de su organigrama para terminar con el anacronismo, ilegal, de la existencia de una poderosa asociación autoritaria en el seno de una sociedad democrática.
Este 4 de marzo la enseñanza pública andaluza comienza una controvertida etapa en la educación andaluza.
Fdo Rafael Fenoy
