Alicante ya puede aplicar su ordenanza de convivencia cívica, la que pretende acabar con la mendicidad y la prostitución en sus calles. Esta mañana se aprobaba definitivamente la norma en pleno telemático con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox. La oposición municipal ha criticado duramente la que llaman "ordenanza de la vergüenza" Los populares han recordado a los grupos de izquierdas que esta misma ley se aplica en Valencia gobernada por Compromís o en Barcelona bajo el mandato de Podemos.
El equipo de gobierno asegura que su único objetivo es acabar con las mafias y que el primer paso, antes que multar, será intentar ayudar a las personas en riesgo de exclusión que viven o trabajan en la calle a través de los servicios municipales de bienestar social.
La ordenanza ha generado rechazo entre colectivos y entidades sociales que han presentado alegaciones y han participado en diferentes protestas, la última de ellas ayer por la tarde. La ordenanza municipal ha trascendido más allá de Alicante y algunos políticos a nivel nacional se han pronunciado en las redes, como la representante de Podemos Ione Belarra, que ha asociado la nueva norma con la ley de vagos y maleantes. El president Ximo Puig también ha reaccionado a la aprobación de la ordenanza asegurando que "no puede haber convivencia basada en la exclusión y sin atender a la cohesión social"
A partir de ahora los mendigos podrán ser sancionados con multas de entre 1.500 y 3.000 euros, de 750 a 1.500 para aquellos que ejerzan la prostitución. Pero también se pretende erradicar de las calles ciertos comportamientos incívicos como ir sin camiseta, escupir, orinar, estropear el mobiliario urbano, hacer ruidos innecesarios o pintar grafitis.
