La exposición de motivos de la proposición no de ley de Más País Verdes Equo se basa en un estudio interno de Facebook (hoy Meta), publicado por el Wall Street Journal, sobre el impacto que Instagram tiene en la salud mental de las personas jóvenes y adolescentes.
El estudio también revelaba que el 13% de los usuarios británicos y el 6% de los estadounidenses vincularon el deseo de quitarse a la vida al uso de esta red social.
Otra investigación, publicada en mayo de 2022 y realizada también por investigadores estadounidenses, constató que, «cuanto más tiempo pasamos en redes sociales, mayor es el riesgo de sufrir trastornos de la conducta alimentaria (TCA) e insatisfacción corporal», añade el grupo parlamentario de Íñigo Errejón.
A su juicio, estos estudios son preliminares, pero están constatando que hay «una relación estrecha entre el uso de las redes sociales, sus algoritmos y el impacto negativo en la salud mental» de los usuarios.
«Estos procedimientos algorítmicos se suman a la propia creación de contenido de muchas personas influencers que editan, con Photoshop u otros filtros, las imágenes de su realidad cotidiana, permeando con imágenes irreales en el imaginario de las personas jóvenes y adolescentes», subraya.
En países como Noruega, los ‘instagramers’ y las marcas deben indicar si las imágenes que publican con fines comerciales llevan filtro o han pasado por Photoshop y Francia obliga a las publicaciones de moda a indicar cuándo las fotos han sido retocadas.
En España la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 aprobó una enmienda de Más País para la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial que todavía no se ha puesto en marcha, según recuerda.
Junto a ello solicita medidas legislativas encaminadas a regular la transparencia en torno a los algoritmos de las redes sociales para que cualquier usuario pueda conocer de primera mano los riesgos y problemas de salud mental que genera el uso de esta red social.
También exige garantizar que la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial española tenga un registro público de algoritmos obligatorio para los declarados de Alto Riesgo y un registro obligatorio/incentivado para los de riesgo limitado o riesgo mínimo por cuestiones de transparencia.