La Guardia Civil descubrió en diciembre 31 perros de rehala abandonados en el interior de un vehículo; 23 animales estaban muertos. No se trata de un caso aislado, porque, como ha comprobado el Seprona, muchos animales viajan por carretera hacinados, atados, sin comida ni agua y sin la atención veterinaria precisa.
Y es que las irregularidades en el transporte provocan un sufrimiento en los animales que, en ocasiones, les lleva a la muerte, subraya a Efe el portavoz del Seprona, el teniente Luis Solanas.
Para que esto no ocurra, este servicio desarrolla cada año un plan de control de transporte de animales por carretera, una acción coordinada también por el Ministerio de Agricultura y en la que los agentes van acompañados de veterinarios.
No es menos importante, según recalca el teniente, el papel de las unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuyos agentes son en muchas ocasiones los primeros en percatarse de que viaje no se está realizando en las condiciones adecuadas.
Un control en que se detectan numerosas irregularidades, tanto en la documentación requerida, como en el recinto o en las condiciones sanitarias de estos particulares «viajeros», aunque como reconoce Solanas, la legislación y la concienciación han hecho mucho en esta materia y se observa una disminución de las infracciones, que el Seprona encuadrada en el capítulo de sanidad animal.
El Seprona incluye estos comportamientos no ajustados a la normativa en su estadística de infracciones en sanidad animal y epizootias, que durante el pasado año alcanzaron las 10.525 actuaciones.
Irregularidades que la ley de Sanidad Animal sanciona con multas que van desde los 600 euros para las más leves hasta 1,2 millones de euros para las muy graves, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal que pudiera concurrir.
El teniente destaca a Efe que la legislación europea es muy exigente y España ha adaptado la suya a los nuevos requisitos de la normativa comunitaria, que regula los requisitos de bienestar animal que se han de cumplir cuando se transportan animales vertebrados vivos en relación con una actividad económica.
Solanas cita como ejemplo el caso de Ciudad Real, en concreto del investigado en la localidad de Miguelturra, y recuerda que el transporte de rehalas se considera un movimiento con actividad económica, por lo que tiene que llevar la documentación pertinente, como también deben portarla las entidades de protección animal que transporten perros, gatos o hurones (mascotas).
Tanto los transportistas, como los vehículos o los contenedores deben disponer de la correspondiente autorización y estar registrados en el órgano pertinente de la comunidad autónoma.
De todos modos, se diferencia entre el transporte con finalidad económica, fundamentalmente de bóvidos, ovinos, porcinos y caprinos, y los que no tienen ánimo comercial, como las mascotas, cuyo traslado en número inferior a cinco y en condiciones que no causen peligro no exige tantos requisitos, salvo el pasaporte comunitario en movimientos entre países de la UE.
Con la aprobación de un real decreto en 2016 que adapta la normativa europea, España exige que el conductor de un vehículo de carretera destinado al traslado de équidos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos o aves de corral tiene que estar en posesión de un certificado de competencia.
Así, el transportista debe tener conocimientos de fisiología de los animales, las necesidades de comida y agua de cada tipo, el comportamiento de estos «viajeros» o de su estrés, así como aspectos prácticos de su cuidado o para su atención de emergencia.
Todo ello para que no se sucedan las imágenes de ovejas hacinadas que más de una vez los otros conductores hemos visto al adelantar un camión de transporte de animales.
