La planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que tendrá la Mancomunidad de Los Alcores en Montemarta-Cónica, en terrenos de Alcalá de Guadaíra y donde ahora mismo presta sus servicios la empresa Aborgase, partirá “de cero”, es decir, será una nueva instalación de última generación aunque no hay plazos cerrados para la nueva concesión administrativa, en prórroga desde 2016, y se continúa trabajando en solventar el medio centenar de irregularidades administrativas que detectó el Tribunal de Cuentas.
Así lo ha confirmado a Viva el presidente de la Mancomunidad de Los Alcores, el popular José Romero, concejal de Servicios, Parques y Jardines, Limpieza y Coordinación de Barrios del municipio de Mairena del Alcor y quien se hizo cargo de la entidad tras las municipales de 2023, quien defiende que “nunca” se ha hecho tanto para solventar la situación de Montemarta-Cónica, cuya situación denunció el Tribunal de Cuentas, con un rotundo informe en el que revelaba unas 50 irregularidades administrativas, incluida la situación de la propia planta de tratamiento que, además de ser obsoleta, gestiona la empresa Aborgase gracias a una concesión administrativa que lleva en prórroga forzosa desde 2016.
De hecho, solventar las irregularidades y responder al Tribunal de Cuentas ha centrado buena parte del trabajo de estos meses: incorporación de los funcionarios cuyas plazas estaban vacantes (secretario y tesorero), aprobación de presupuestos, normalización de cuentas y regulación de los pagos a Aborgase, la empresa concesionaria de la planta de Montemarta-Cónica cuya gestión sigue en prórroga forzosa y cuyo nuevo pliego de adjudicación sigue aún en periodo de redacción. “Esto es una carrera de fondo”, reconoce Romero sobre los plazos, que no quiere adelantar porque hay “distintos obstáculos” y la prioridad sigue siendo atender al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Pero dar prioridad al aspecto administrativo no quiere decir que no se esté trabajando en la planta de Montemarta-Cónica, ya que uno de los aspectos a resolver es regularizar el pago de los servicios que por ahora presta Aborgase, que ya se atrevió incluso a hacer un “cierre patronal” tras no revisarse las tarifas desde 2021, lo que llevaba a la empresa a una situación de “inviabilidad”, un paro por el que fue denunciado por la propia Mancomunidad. El conflicto se solventó con un acuerdo y, ahora, se han regularizado los pagos porque “los ayuntamientos, incluido el de Sevilla, con un presupuesto prorrogado, están haciendo lo indecible por pagar”.
No es baladí el abono del servicio que cada Ayuntamiento tiene que aportar por Montemarta-Cónica. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular de 7/2022 estableció un impuesto a vertedero que se cobra ya desde el 1 de enero de 2023 pero no todos los municipios tienen incluido en sus presupuestos este pago específico, que será obligatorio en abril de 2025: la mayoría ya lo tiene recogido en sus presupuestos, reconoce Romera, pero no así la ciudad de Sevilla, cuya situación política, con el PP en minoría y con presupuestos prorrogados, aún no lo ha establecido. “Pero están haciendo lo indecible por pagar”, reiteraba Romero, que dice estar en contacto permanente tanto con el alcalde José Luis Sanz como con la delegada Evelia Rincón.
Tampoco es sencillo de resolver la situación de la propia planta. Parte de los terrenos donde se ubica son de la Mancomunidad, dueña de las instalaciones pero no de todas las que existen en esa parcela, cuya propiedad comparte con Aborgase, la adjudicataria actual. “Lo primero ha sido saber qué queremos”, explica Romero, que confirma que será “la creación de una nueva planta, partir de cero, desde los cimientos” aunque el diseño de cómo será se establecerá “cuando lo diga la ingeniería”, asegura sobre los trabajos que han encargado para redactar el anteproyecto. “Mancomunidad de Los Alcores va a seguir allí”, aseguraba tajante Romero.
Eso sí, una vez que se defina qué planta diseñar y sus características técnicas, en el que se incluirá qué puede usarse de lo actual y qué no, se redactarán los pliegos administrativos para la nueva licitación, incluyendo todos los procesos legales que tengan que abordar, sean expropiaciones, sean compras o sean acuerdos con Aborgase, que podrá optar a la licitación o será cualquier otra empresa privada. Para la redacción de este nuevo pliego cuenta con el asesoramiento técnico y ambiental de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, además de la Diputación de Sevilla, cuyos técnicos ya se han puesto en contacto con la entidad.
De forma paralela, mantienen contactos permanentes con la plantilla de Aborgase, que ya amenazó hace un mes con movilizaciones por incumplimiento de los acuerdos laborales, y con la que se ha comprometido a su subrogación una vez se licite la nueva concesión administrativa.
