Granada

Familiares de Arturo Ruiz solicitan que se desclasifique la documentación de su asesinato

Miguel Ángel Ruiz ha exigido que se conozca "toda la verdad" sobre los hechos de aquel 23 de enero

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  • Imagen de archivo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. -

La familia del estudiante y sindicalista granadino Arturo Ruiz, asesinado en 1977 durante una manifestación pro amnistía, ha solicitado al Ministerio del Interior la desclasificación de toda la documentación relativa a la investigación de los hechos, en ejercicio del “derecho a la verdad” y de la Ley de Memoria Democrática.

En una solicitud dirigida a la Secretaría de Estado de Seguridad, el hermano de la víctima y miembro del Colectivo Olvidados de la Transición (COT), Miguel Ángel Ruiz, ha pedido a Interior toda la información existente sobre el presunto autor del crimen, José Ignacio Fernández Guaza -al que el diario El País localizó en Argentina hace un año-así como su relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la época.

Miguel Ángel Ruiz ha exigido que se conozca "toda la verdad" sobre los hechos de aquel 23 de enero, así como la identidad y el grado de implicación de diferentes responsables de los ámbitos político y social "que siguen con vida" y "ayudaron a Fernández Guaza en su huida".

Junto a él, otros familiares de la víctima y los abogados de la causa, como Amanda Meyer, han subrayado que el escrito pretende obligar al Estado a "aplicar la verdad" y a hacer frente a "un asunto pendiente de la democracia española", no solo con Arturo Ruiz, sino con el conjunto de víctimas y familiares "a las que perjudica esta voluntad de encubrimiento", han explicado a EFE.

Como recoge el escrito registrado en Interior, el supuesto asesino, Fernández Guaza, se fugó de España tras presuntamente descerrajar dos tiros al estudiante granadino de 19 años, mientras este participaba en una manifestación en Madrid a favor de la amnistía de los presos políticos, tan solo un día antes de la matanza de los abogados de Atocha, perpetrada el 24 de enero de 1977.

Ahora, 47 años más tarde, sus familiares también presentarán un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo hayan rechazado reabrir el caso, que consideran prescrito.

En declaraciones a EFE, la abogada de la familia Amanda Meyer ha asegurado que desclasificar dichos documentos es "la única manera de no repetición", ya que tras todos estos años "no se entiende que no se conozca absolutamente todo lo que pasó".

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