Este último viaje de Eluana, de 38 años, ha vuelto a producir un duro enfrentamiento en el país entre los sectores conservadores y la Iglesia católica y quienes piden que se respete la sentencia del Tribunal Supremo y, sobre todo, la decisión de la familia que desea que la joven sea desconectada.
La paciente fue trasladada en la madrugada de ayer desde la clínica de Lecco (cerca de Milán), donde ha pasado los últimos años atendida por unas monjas, al centro médico de Udine.
Hace unas semanas el centro médico había aceptado acoger a la mujer italiana y cumplir así la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado noviembre autorizó a su familia a desconectarla tras una larga batalla judicial.
La clínica La Quiete, debido a sus características, pues es una casa de cuidados para ancianos financiada por el Ayuntamiento de Udine, podría eludir la circular del Ministerio de Sanidad del pasado 17 de diciembre en la que se prohibía a cualquier centro médico público o privado interrumpir la alimentación a pacientes en estado vegetativo.
Allí, como explicaron los responsables de la clínica no será desconectada inmediatamente, sino que esperarán unos tres días hasta que un equipo de voluntarios comience la progresiva retirada de la alimentación e hidratación asistida.
Según los expertos, Eluana puede tardar unos quince días o más en morir.
No obstante, el equipo de voluntarios que la asistirá ha depositado en los juzgados de Udine un protocolo médico detallado en el que se explica cómo se procederá para evitar posibles denuncias.
El responsable del equipo de voluntarios que ayudará a morir a Eluana, Amato de Monte, responsable del departamento de anestesia del hospital Santa María de la Misericordia de Udine, explicó en una entrevista a una televisión local que se encuentra “devastado como hombre, como padre, como médico y como ciudadano”, pero que sus sentimientos “pasan a un segundo plano ante el dolor de la familia Englaro”.
Los grupos que se oponen a que la mujer sea desconectada han comenzado sus protestas, y anteanoche ante las puertas de la clínica de Lecco se vivieron momentos de tensión cuando un grupo de personas del Movimiento a Favor de la Vida intentaron detener la ambulancia para evitar su traslado.
Mientras desde el Vaticano, el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, cuyo cargo es un equivalente al ministro de Sanidad, pedía desde las páginas del diario La Repubblica que se detuviera “la mano asesina” que desconectará a Eluana.
Lozano Barragán reiteró en la entrevista al rotativo la posición de la Iglesia católica: la desconexión de la sonda alimenticia a la paciente será un “abominable asesinato”.
Para Anna Finocchiaro, exponente de la principal formación en la oposición, el Partido Demócrata (PD), este caso demuestra que urge la necesidad de una ley que regule el testamento vital y pidió “silencio y respeto ante el dolor inmenso que tiene que estar atravesando la familia Englaro al tomar esta decisión”.
En la clínica La Quiete, Giuseppe Englaro asistirá a los últimos días de vida de su hija tras una batalla legal que durado más de 10 años.
