Las alegaciones de la Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense del Taxi al borrador elaborado por la Junta de Andalucía para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, que abarca tanto a los taxis como a los vehículos de transporte concertado (VTC), se centra especialmente en la demanda de que este último servicio esté sujeto a una precontratación previa que el sector local del taxi aboga por fijar entre 30 minutos y una hora.
Así lo han explicado este jueves los presidentes de ambas asociaciones, Fernando Morales y Antonio Velarde, quienes ante la sede central de la Consejería de Fomento han desgranado el contenido de las alegaciones y observaciones de ambas asociaciones al mencionado borrador de modernización del transporte discrecional en vehículos turismo, fruto del Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos de transporte concertado que operan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify.
Previamente, en el caso de Sevilla, los taxistas de dicha ciudad y el Consistorio acordaron pedir a la Junta de Andalucía que ciñese la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos, toda vez que los taxistas sevillanos vienen lamentando que el mencionado borrador no incluya la demanda relativa a la antelación mínima para la precontratación de los VTC.
Al respecto, Fernando Morales ha explicado a Europa Press que las alegaciones de la Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense, elaboradas por el abogado Juan Antonio Carrillo, se centran especialmente en este asunto, argumentando "jurídicamente" que la "inmediatez" en el servicio corresponde exclusivamente al taxi, un servicio "de interés general claramente diferenciado" de la actividad de los VTC. La actual regulación que pesa sobre los VTC, recordémoslo, impide a estos conductores circular a la búsqueda aleatoria de clientes o transitar por los carriles reservados al transporte público, entre otros aspectos.
"La posibilidad de restringir la actividad de los VTC en el segmento urbano, imponiendo condiciones de precontratación o impidiendo la captación de clientes a pie de calle se justifica jurídicamente, como sostiene la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la diversa finalidad que tradicionalmente han perseguido, respectivamente, los sectores del taxi y de VTC", indican las asociaciones de taxistas, según las cuales corresponde al taxi la "inmediatez" del servicio y a los VTC la precontratación con un tiempo mínimo de diferencia, ya sea "de 20 minutos, 30 o una hora", según Morales.
YA EN CINCO COMUNIDADES
A tal efecto, Fernando Morales ha recordando que la implantación de una antelación mínima para la precontratación de los VTC ya ha sido promovida en Cataluña, Baleares, Valencia, Aragón y el País Vasco.
Una vez entregadas estas alegaciones, las asociaciones de taxistas optan por "esperar" la respuesta de la Consejería de Fomento y que la misma convoque una reunión. "Estamos abiertos al diálogo", ha dicho Fernando Morales, manifestando que ambas asociaciones desean que dicha reunión sea celebrada "antes del 15 de mayo", siempre al objeto de "llegar a un consenso".
No obstante, y tras la caravana de coches celebrada el pasado martes por las calles de Sevilla a instancias de Élite Taxi, en el marco de este mismo conflicto, Fernando Morales ha precisado que Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense "no" prevén movilizaciones "a corto plazo". "Queremos agotar la vía del diálogo", ha defendido.
Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir continuamente en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado, por ejemplo, prohíbe que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes, capten viajeros de manera espontánea o utilicen los carriles reservados a los autobuses públicos y taxis. Los conductores de VTC, por su parte, han denunciado no pocas situaciones de coacción o incluso daños a manos de taxistas.
En ese sentido, y conforme al decreto ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos de transporte concertado que operan para empresas como Uber o Cabify, las propuestas de la Junta para modernizar el sector del taxi contemplan la posibilidad de que los taxistas ofrezcan un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados o realizar servicios cobrando por plaza, entre otros aspectos.
LAS ESTACIONES DE VTC
En cuanto a los VTC, y mientras dicho decreto ley estipula un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas y los municipios adapten las normativas, periodo en el que los VTC podrán seguir operando como hasta ahora en el ámbito urbano, las propuestas de la Junta incluyen para dicho periodo la creación de estaciones de VTC ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos, para que tal servicio sea prestado desde estas ubicaciones.
La idea, según precisa la Junta respecto a sus propuestas, es que los VTC estén obligados a regresar a dichas estaciones cuando completen sus servicios "salvo que tengan otro servicio precontratado", apostando por supervisar la actividad de los VTC mediante una página web de control andaluza que se nutra de la estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca.
También respecto a los VTC, la Junta propone que al menos un 20 por ciento de las flotas de las empresas de dicho sector con más de cinco licencias corresponda a vehículos ECO y que las empresas con más de 15 vehículos cuenten con un cinco por ciento de su flota adaptada a personas de movilidad reducida, entre otras medidas.
