La denuncia contra el anterior equipo de Gobierno por un presunto delito urbanístico, de prevaricación y malversación continúa su curso después de lo vertido durante los últimos días por ambas partes, es decir, exconcejales del PSOE y equipo de Gobierno PP-Ai-Pro.
Esta semana, el delegado municipal de Urbanismo, Manuel Erdozain, ha mostrado a la prensa un total de ocho resoluciones firmadas por la exalcaldesa, Josefa Caro, dando permiso de ocupación a sendos propietarios colindantes con la avenida Padre Salesianos, el nuevo vial que comunica el IES Guadalpeña con el puente de Angorrilla; licencias de ocupación tanto a viviendas como a parcelas en suelo no urbanizable y de especial protección.
Erdozain sospecha de que la exalcaldesa firmó el documento “sin saber lo que hacía”; hechos que tuvieron lugar durante una junta de gobierno local celebrada el 18 de octubre de 2010. Pero “lo peor”, según el delegado, es que las licencias de ocupación no tienen por qué pasar por una junta de gobierno local, sino que pueden ser firmadas, y de hecho el propio delegado de Urbanismo lo hace con frecuencia, directamente por el delegado. Sin embargo, el entonces responsable de Urbanismo, Joaquín Macías, dejó este asunto en manos de la junta local de gobierno y sin que él mismo estuviera presente en la reunión. En este sentido, Erdozain se teme que su antecesor “arrastrara” a sus compañeros Josefa Caro, Benito Huertas, Fernando Mancheño, Genoveva Medina, Rafael Barrios y Francisca Morales, que son los imputados en esta causa junto al propio Joaquín Macías.
Aunque todavía no hay una sentencia, puesto que los exconcejales imputados aún no han declarado, el también primer teniente de Alcalde de Ai-Pro ya pide responsabilidades políticas, puesto que recuerda que Joaquín Macías es miembro de la ejecutiva provincial del PSOE, aludiendo en este sentido al comité de ética del partido para revisar la actuación de uno de sus integrantes. Erdozain insistió en preguntar públicamente a Macías por qué dejó en manos de sus compañeros la firma de las licencias de ocupación cuando lo podría haber hecho en solitario y sin la mencionada junta local de gobierno. Erdozain llegó a manifestar que “los que no se han enterado de la película fueron los compañeros de Joaquín Macías”, dejando así caer que los exconcejales socialistas pudieron estar embaucados por su delegado de Urbanismo en aquella época.
“Sin excusas”
Erdozain lamentó las excusas de los socialistas, que consideró fruto de su intento de “esconder” el trasfondo del asunto, que es un caso de presunta vulneración de la Ley. En este sentido, aclaró que “no es un tema político, sino jurídico y judicial”, y que por tanto deberá quedar resuelto por la justicia. Así, el delegado aludió al necesario respeto al poder judicial español; una justicia que, según expresó, tiene indicios de un delito, de ahí que haya decidido abrir una investigación por estos hechos. Sobre este asunto, también dijo que no es él como delegado municipal o miembro de un partido político el que imputa, sino la justicia y, en su representación, un juez.
A partir de ahí, el responsable de Urbanismo defendió la Ley a ultranza para señalar que “el fin no justifica los medios”, reconociendo en este sentido que la obra realizada, origen de la polémica, fue y es muy válida para los arcenses, ya que se trata de un cómodo vial que vertebra la circulación de vehículos en el Barrio Bajo de Arcos. Los vecinos a los que se les concedió licencia de ocupación cedieron unos metros de sus propiedades, en acuerdo con el Ayuntamiento, para la construcción de la nueva avenida.
10.000 euros en abogados
Respecto a las críticas que viene recibiendo el Ayuntamiento por gastar dinero público en un servicio jurídico externo, Erdozain dejó claro que no son 20.000 euros como ha apuntado alguna fuerza política, caso del PA, sino 10.000 los empleados por ahora en este asunto. Además, ningún jurista municipal podría haber llevado este proceso por tratarse de personal vinculado al Ayuntamiento antes y ahora, según Manuel Erdozain.
Por último, lamentó que algunos de los vecinos afectados se hayan dirigido al Ayuntamiento reclamando algún servicio sin que se le haya podido dar una respuesta porque, por ahora, están en situación ilegal; es decir, que sus viviendas o parcelas están en suelo no urbanizable y de protección especial. En este sentido, recordó que las soluciones a las viviendas ilegales del término llegarán en muchos casos, de la mano del próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para el cual, igualmente, se contrata a un arquitecto experto externo. Sobre este asunto, también recordó que el anterior gobierno municipal solía contratar servicios externos de arquitectos y abogados. Para demostrarlo, explicó que posee algunas facturas que acreditan estos pagos durante el anterior mandato.
Mientras tanto, el caso sigue su curso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arcos de la Frontera a la espera de que los imputados declaren u ofrezcan su versión sobre estos hechos.
