Sólo seis de los 16 contratados a través del Programa Urbana finalizaron su contrato el 31 de diciembre del pasado año, después de estar trabajando para este programa europeo desde hace 6,5 años. Cuando llega esa fecha, se decide que diez de las 16 personas continúen ejerciendo labores de contabilidad, de redacción de la memoria...
De repente, el 19 de enero, Autonomía Obrera denuncia en la Inspección de Trabajo las contrataciones del Urbana y “piden todos los contratos en Fomento”, manifiesta Juan Antonio Bruzón, uno de los afectados. La resolución es que todos los contratos están en fraude de la ley y “han obligado a Fomento a hacer indefinidos a los trabajadores del Urbana”. El problema está en que ellos en ese momento ya habían sido despedidos y “nosotros no hemos presentado denuncia contra Fomento”, matiza.
Pero sí que apelan a la “voluntad política que ha manifestado el equipo de Gobierno por mejorar la realidad del Instituto de Fomento, Empleo y Fomración, garantizando los derechos de los trabajadores y dignificando de una vez por toda las condiciones laborales del personal”, según indican en el escrito que han presentado en el Refistro del IFEF y que han entregado a varios partidos políticos de la oposición. Según explica Bruzón, “en la manifestación por el tema de Siria se lo dimos al alcalde y a la concejala y también se lo hemos dado al PSOE, que lo ha sacado en el Consejo Rector del Instituto de Fomento para que lo tenga en cuenta”.
Los seis que están afectados son los trabajadores que hacían las labores en la calle y que mantenían un contacto directo con otras delegaciones y asociaciones.
Solicitan también que se les apliquen las mejoras laborales propuestas al personal del Urbana, “ya que pertenecemos al mismo programa y las condiciones laborales que hemos tenido son las mismas”. Por eso piden “que se nos dé el mismo trato que a nuestros compañeros”
