"Tenemos que lograr que la pena de muerte sea una cosa del pasado", señaló en la ceremonia de inauguración la presidenta del Consejo Nacional (Cámara Baja) de Suiza, Pacale Bruderer.
"La pena de muerte es una aberración, y estamos aquí para intentar convencer al mayor número de países de que deben acabar con ella. Estamos en el camino", señaló Raphaël Chenuil-Hazan, director general de "Juntos contra la Pena de Muerte", la entidad que organiza el Congreso, que cuenta además con el apoyo del gobierno suizo y de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
Chenuil-Hazan recordó que, actualmente, 150 países son, en la práctica, abolicionistas, pero hay 58 que aplican la pena capital, y en 20 de ellos las ejecuciones son constantes.
"Hemos recorrido un largo camino desde hace treinta años. Hace tres décadas las dos terceras partes de los países aplicaban la pena capital. Hoy la tendencia se ha invertido, las dos terceras partes son abolicionistas, pero aún nos queda un largo camino por recorrer", agregó Chenuil-Hazan.
Y acto seguido nombró a Irán, Irak, China, y Estados Unidos, los países que junto a Arabia Saudí y Pakistán, ejecutan al 90 por ciento de los reos condenados a la pena capital en el mundo.
Por su parte, el director de la sede europea de la ONU, Sergei Ordzhonikidze, señaló a dicha institución como una ferviente defensora de la causa abolicionista y recordó que en 2007, la Asamblea General adoptó una resolución que llamaba a todos los Estados que aún mantienen la pena de muerte a que establezcan una moratoria en las ejecuciones como paso previo a su abolición.
"La Asamblea General consideró que la pena de muerte dinamita la dignidad humana, que no hay evidencia concluyente de que sirva como arma disuasoria y que cualquier error de la justicia en la implementación es irreversible e irreparable", señaló Ordzhonikidze.
Se espera que en poco más de una hora intervenga en la ceremonia de inauguración del cuarto Congreso el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se ha posicionado públicamente como un ferviente defensor de la causa abolicionista.
Uno de los principales objetivos del Congreso es lograr que los países en los que no se práctica la pena de muerte, pero cuya abolición no está incluida en sus legislaciones, firmen y ratifiquen el protocolo segundo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe su práctica.
Asimismo, participarán en los debates y mesas redondas del Congreso una decena de ex condenados a muerte que lograron escapar de esas sentencias, entre ellos el español Joaquín José Martínez, sentenciado en EEUU y posteriormente absuelto.
