El alcalde de Marbella, José Bernal, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que aclare en qué situación queda el sistema de compensaciones urbanísticas después de que la Sala declarara nula la revisión que el Consistorio hizo en 2010 del Plan General de Ordenación (PGOU) que se aprobó en 1986.
Bernal, en rueda de prensa, ha indicado que "buscaremos en todo momento defender a los vecinos que compraron viviendas de buena fe para darles la máxima protección posible. Ellos son el eje principal de las actuaciones que llevaremos a cabo".
El regidor, en rueda de prensa junto a los portavoces municipales, Javier Porcuna y Miguel Díaz, y los ediles de Hacienda y Urbanismo, Manuel Osorio e Isabel Pérez, ha destacado que "vamos a defender a los vecinos que compraron viviendas y que no son culpables ni tienen que heredar la corrupción urbanística del municipio. Son compradores de buena fe, a los que el Gobierno local defenderá".
En este sentido, ha manifestado que no cree que una sentencia jurídica tenga que "confrontar contra el espíritu ético y moral de defender a aquellos que lo único que hicieron fue comprarse una casa", y ha señalado que es "injusto" que propietarios que se han tenido que hipotecar "de por vida" tengan que "sufrir el calvario" de la inestabilidad legal tras el fallo del TS.
También ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los inversores y promotores interesados en el municipio, a quienes les ha dicho que el Consistorio empleará el planeamiento anterior al suspendido por el TS, el de 1986, al que se le aplicarán las "pertinentes modificaciones y adaptaciones". "No se va a paralizar el urbanismo en el municipio", ha agregado.
De este modo, ha garantizado "la estabilidad" de las licencias urbanísticas que el Consistorio ha concedido hasta el momento, ya que "son firmes y se ajustan a derecho".
SUBSANAR DEFICIENCIAS
Bernal ha precisado que los servicios jurídicos de Urbanismo del Consistorio están centrados en "subsanar" las deficiencias del planeamiento que recoge la sentencia del TS y que deja en suspenso la revisión del 2010. Entre estas deficiencias destaca la ausencia de informes sobre el impacto medioambiental y económico de la revisión del 2010, documentos que, según Bernal, elaborará el Consistorio.
El Ayuntamiento ha creado también un órgano de expertos en diferentes ámbitos urbanísticos del municipio para asesorar al Gobierno local y transmitir "tranquilidad" a los vecinos, ha apuntado. Asimismo, la próxima semana se creará una oficina de información sobre asuntos urbanísticos para orientar a los inversores y a los vecinos.
El Gobierno local ha mantenido en la mañana de este jueves contactos con los portavoces de los grupos municipales de la Corporación y este viernes mantendrán una reunión. "Todos los que conforman la Corporación municipal, que representan a la ciudadanía, tenemos que remar conjuntamente para darle estabilidad y tranquilidad a la ciudad", ha incidido, añadiendo que "nadie entendería que no estuviéramos juntos para sacar el municipio adelante.
"Este Gobierno no va a culpar ni reprimir a nadie ni emprender ninguna otra acción que perjudique a la ciudad", ha señalado el alcalde, que ha abierto "los brazos de la colaboración" a todos los que "quieran incluirse".
Desde este jueves las asesorías jurídicas y urbanísticas del Consistorio trabajan conjuntamente con los mismos órganos de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para "hacer la lectura más profunda posible de la sentencia", ha señalado.
Así, ha dicho que está "en permanente línea telefónica" con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Gregorio Fiscal, con el secretario general de Urbanismo y con el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. "Estamos en permanente diálogo para buscar el encuentro de las administraciones para solventar la situación que ha generado la sentencia", ha añadido.
El regidor ha calificado en varias ocasiones de "cuestión de Estado" y de "interés general" la situación en que queda el urbanismo en Marbella tras la sentencia.
Por su parte, Díaz, que, como concejal de IU en la oposición en 2010, se opuso a la revisión efectuada ese año, ha señalado que "en el papel de Gobierno" garantizará "la estabilidad y la normalidad" del municipio.
