La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha anunciado que el Ministerio Público investigará si las pruebas presentadas en contra del jefe del Despacho del Gobierno del estado de Miranda, el opositor Óscar López, revisten carácter penal.
En una rueda de prensa, Ortega Díaz ha explicado que, hasta ahora, el material exhibido en la Asamblea Nacional (AN) por diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no formaban parte de una investigación judicial.
Las pesquisas partirán del material que este jueves ha dado a la Fiscalía el diputado del PSUV Andrés Eloy Méndez. "Hemos entregado factura por factura con fecha, nombre y apellidos porque solamente en una semana del mes de abril dio para fiestas un total de 924 millones de bolívares", ha dicho, según el diario venezolano 'El Universal'.
El legislador oficialista ha considerado que "no se trata de un caso aislado". "Es la conducta típica, el rasgo fundamental, de la clase burguesa putrefacta amarilla porque ese partido político nace con unos cheques de Petróleos de Venezuela (PDVSA)", ha sostenido.
En la última semana, las fuerzas de seguridad han registrado la vivienda y las oficinas de López y finalmente le han detenido al considerar que está implicado en "una red de narcotráfico, prostitución y blanqueo de dinero".
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha vinculado directamente al gobernador de Miranda, el líder opositor Henrique Capriles, con los supuestos negocios ilegales de López, al considerar que, como jefe del Ejecutivo estatal, tenía que saber lo que estaba pasando.
"El gobernador de Miranda, una de dos: o no sabía --y es grave, garvísimo-- qué hacía su jefe de Despacho; o lo sabe todo, y este señor (López) le sabe tantos secretos a todos que tienen que salir a taparlo. Esta es la opción que yo tomo", dijo ayer.
Capriles, por su parte, ha calificado de "circo" las denuncias del Gobierno venezolano sobre la existencia de una trama corrupta en la coalición opositora, al tiempo que le ha retado a ir directamente a por él, asegurando que está preparado para ser detenido.
PODERES ESPECIALES
Maduro ha anunciado esta semana que declarará la "emergencia nacional" por la corrupción y que pedirá poderes especiales a la AN para combatirla, en concreto, para llevar a las "máximas penas" los delitos de esta naturaleza.
El jefe de Estado detalló que impulsará "un proceso de reforma de las leyes" y que, de ser necesario, endurecerá el texto constitucional "para ir a un combate a fondo contra la corrupción". "Lo vamos a hacer", subrayó.
Desde que llegó al Palacio de Miraflores, en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, Maduro ha utilizado como buque insignia de su Gobierno la lucha contra la corrupción y ha sacado a la luz varios escándalos en las filas opositoras.
La oposición, por su parte, acusa al Gobierno de aludir a la corrupción para desviar la atención de los problemas más urgentes del país, como la inseguridad ciudadana, el desabastecimiento de productos básicos y la inflación.
A lo largo de sus 14 años de mandato, su antecesor, Hugo Chávez, acudió varias veces a la Ley Habilitante, que le permitió gobernar mediante decretos con rango de ley sin control de la AN. La última vez fue en 2010 por las lluvias torrenciales.
