Esta es la decisión adoptada como medida cautelar por el Juez Central de Menores, José Luis Castro, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya rechazado su competencia y le haya devuelto el caso, informaron fuentes jurídicas.
Así, Castro, que el jueves se inhibió en favor de Pedraz, tuvo ayer que celebrar una nueva vista para decidir en qué situación quedaba el joven somalí, que termina la semana como la empezó: internado en un centro de menores y, sin que nadie sepa a ciencia cierta si es mayor o menor de edad.
La decisión de Pedraz, que cree que las pruebas médicas practicadas al pirata no han acreditado suficientemente que sea mayor de 18 años, ha sido recurrida por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que la próxima semana deberá decidir si revoca la resolución del juez, como pide el fiscal.
Pero además la Sala de lo Penal tendrá sobre su mesa una “cuestión de conflicto de competencia” que va a plantear el Juez Central de Menores, para que decida quién debe asumir la causa ante la inhibición de ambos juzgados. Un galimatías jurídico del que poco parece entender el pirata somalí, que durante su visita a a la Audiencia ha dicho que tenía hambre y quería irse a Somalia.
