La sociedad mixta Mercasevilla, --participada casi en exclusiva por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa--, prevé celebrar el próximo 1 de marzo una reunión de su consejo de administración, para tratar su "situación" económica, analizar el avance de su concurso voluntario de acreedores y formular las cuentes anuales de 2016, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Ya el pasado 30 de noviembre, recordémoslo, Mercasevilla celebraba sendas sesiones de su comisión ejecutiva y su consejo de administración, saldando la jornada con la aprobación del nuevo convenio colectivo y dando cuenta del informe elaborado por la administración concursal de la entidad, según el cual a fecha de 31 de mayo de 2016, la empresa arrojaba pérdidas por 23.530 euros en sus cuentas de tal ejercicio, toda vez que el cierre del año 2015 arrojó pérdidas por valor de 5.753.109 euros.
Aquella sesión, así, giraba en torno al informe depositado en el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla por la administración concursal de la sociedad mixta. Dicho informe, fechado el pasado 11 de julio de 2016 y recogido por Europa Press, se encuadra en el concurso voluntario de acreedores solicitado por la empresa, al no prosperar en su junta de accionistas una ampliación de capital de 5,4 millones de euros, planeada ante la sentencia que condena a la sociedad a pagar más de once millones de euros a la constructora Sando. Fue el voto contrario de Mercasa, recordémoslo, lo que impidió dicha ampliación de capital.
El documento en cuestión, entre otros muchos aspectos, expone que "el resultado a 31 de mayo de 2016 es negativo, con un importe de 23.530 euros, situándose un 160 por ciento por debajo del resultado a 31 de mayo de 2015", pues Mercasevilla cerró 2015 con pérdidas por valor de más de 5,75 millones de euros. Así, los administradores concursales constatan una fuerte reducción de las pérdidas.
Sobre la empresa, no lo olvidemos, pesa especialmente la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a Mercasevilla a abonar a la constructora Sando unos 8,9 millones de euros. La empresa constructora, en concreto, demandó al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Los costes de esta sentencia, no obstante, superan los 11,6 millones de euros a cuenta de los intereses de demora.
